viernes, 7 de junio de 2013

¿Qué es un “troll” de patentes?

Por Nuria Marcos, Directora General de PONS Patentes y Marcas

El debate alrededor del sistema de patentes siempre ha sido muy intenso porque provoca la confrontación de dos aspectos aparentemente antagónicos: las patentes son monopolios temporales de explotación que recaen sobre tecnologías y avances científicos novedosos, y por otro lado los resultados del I+D deben llegar a la sociedad porque permiten mejorar la calidad de vida de sus individuos.

Patentar ofrece ventajas competitivas a las empresas, asegurándoles una posición en el mercado y permitiéndoles recuperar la inversión realizada. Además, estas compañías tienen la posibilidad de licenciar sus invenciones a otras empresas en mercados en los que no les interese explotar esa invención directamente, pudiendo de esta forma, obtener rendimientos económicos adicionales. Las patentes también permiten luchar contra las copias y protegerse frente a los competidores desleales.

En Estados Unidos y derivado del hecho de que allí son admisibles las patentes de software y las de modelos de negocio a diferencia de lo que ocurre en Europa, ha surgido un grave problema generado por los llamados “trolls” de patentes y cómo afectan a las startups tecnológicas norteamericanas.

Los trolls de patentes son empresas estadounidenses que adquieren patentes de software a compañías que atraviesen momentos de debilidad financiera, no con la finalidad de explotar esas tecnologías directamente, si no con la intención de obligar a terceras empresas fabricantes que supuestamente estén utilizando esas patentes a adquirir una licencia sobre ellas, llegando incluso a la vía judicial si no obtienen la respuesta esperada. En Estados Unidos dado el alto coste de los procesos judiciales y que como regla general cada una de las partes en un procedimiento debe asumir el pago de sus costas, muchas empresas prefieren pagar los royalties que exigen los “troll” de patentes por una supuesta licencia, que acudir a un pleito en el que tengan que defenderse asumiendo unos gastos altísimos y un resultado incierto.

El problema es que esta utilización del sistema de patentes norteamericano no es ilegal.

De algún modo debe Estados Unidos abordar alguna solución jurídicamente factible a este problema, para que sus empresas innovadoras no se vean perjudicadas por esta dinámica. Ya existen alguna iniciativas que proponen soluciones a este problema, como la SHIELD Act, que es un proyecto de ley presentado en el verano de 2012, y cuya intención era la de identificar en los procesos judiciales a estos “trolls” de patentes, obligándoles a que asuman las costas de la otra parte de los juicios que ellos inicien y a depositar una fianza antes de iniciar el pleito.

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha presentado esta semana una propuesta al Congreso estadounidense para poner fin al abuso del sistema de patentes que hacen estas empresas. El proyecto consta de siete recomendaciones legislativas. Entre ellas destaca la propuesta de que cuando se interponga una demanda, el titular de la patente tiene que hacerse público, cosa que no sucedía hasta la fecha, y ocasionaba que en muchos casos los demandados desconocieran quién está detrás del proceso.

También se pretende que haya sanciones para los demandantes que la Corte considere que han abusado de su posición, y se deberá analizar las regulaciones de la Comisión de Comercio Internacional (ITC), por las que ahora se puede prohibir la importación de productos a Estados Unidos en el caso de una violación de patente.

Se propone asimismo que la oficina de patentes estadounidense, la USPTO, revise la forma en que se está evaluando la concurrencia de los requisitos de patentabilidad, ya que pese a ser comunes a casi todos los países del mundo, son interpretados de manera más laxa aquí que en otros lugares, permitiendo la concesión de patentes que en otros países no superarían ese examen.
Los “troll” de patentes constituyen en la actualidad el 61 por ciento de todos los litigios sobre patentes en Estados Unidos, con unos costes legales directos anuales de 29.000 millones de Dólares anuales, de modo que es un asunto lo suficientemente relevante que hay que solucionar en el corto plazo.



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